El Estado es la forma moderna de organizar políticamente la sociedad. En él encontramos un conjunto de instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad pública. Estas instituciones suelen clasificarse en tres grandes ramas del poder político: ejecutivo (gobierno), legislativo (parlamento) y judicial (administración de justicia).
La autoridad del Estado pretende ser única, legítima e independiente. Es decir, el Estado pretende ser la única estructura de poder político en un determinado territorio y para una sociedad concreta; pretende ejercer el poder de forma legítima, es decir, con justificación; y, por último, aspira a ser independiente de las personas concretas que ocupen los cargos desde los que se ejerce el poder.
1. Legitimación y legitimidad del Estado
Suele entenderse por legitimación el grado de aceptación real que tiene un sistema político, un gobernante, una ley o norma de comportamiento que están vigentes en un momento dado. Es decir, el concepto de legitimación se refiere al apoyo real que otorgan las personas al sistema político, al gobierno, etc. Se trata de una cuestión que se puede medir sociológicamente mediante encuestas, sondeos de opinión, etc. Podemos entender la legitimación como el reconocimiento que de facto tiene la autoridad de los gobernantes por parte de los gobernados.
En cambio, la legitimidad se refiere a la justificación o fundamentación del sistema político respecto a determinados valores, procedimientos y creencias. Por eso la legitimidad no es una cuestión de facto, sino más bien de iure: no depende del apoyo sociológico, sino de la relación que puede mostrarse entre el sistema político y los valores y principios que debe respetar y fomentar, como, por ejemplo, la seguridad y la libertad de toda la población, la igualdad de oportunidades, la equitativa distribución de la riqueza, la protección del medio ambiente, etc.
En definitiva, el Estado moderno pretende obtener su legitimidad de la idea de pacto social: el Estado se entiende como aquella institución que representa un acuerdo general de toda la sociedad para reconocer a todos y cada uno de sus miembros como ciudadanos iguales en cuanto a derechos y libertades básicas, de modo que la ley es lo único que está por encima de todos y los gobernantes son los encargados de hacerla cumplir.
2. Legitimidad democrática
Hoy en día ya no creemos que las leyes queden legitimadas por la simple coacción o amenaza de castigo, ni por la tradición, ni por las creencias religiosas de la mayoría. Sólo estamos dispuestos a aceptar aquellas leyes que consideramos ajustadas a la idea de que todos tenemos básicamente los mismos derechos como personas. Aceptar la misma dignidad y libertad de todas las personas implica que la legitimidad de las leyes sólo puede sustentarse en el reconocimiento y la aceptación por todos los implicados.
En el Estado de derecho, a diferencia del Estado absolutista, todos los agentes, órganos e instituciones están subordinados a la ley. La autoridad y el poder no son arbitrarios, no dependen de lo que opina una persona o grupo, sino que está siempre regulados por el derecho. Esto es lo que los filósofos denominan el imperio de la ley. Ahora bien, ¿de qué forma debe organizarse el Estado para que las leyes que emanan de él sean no sólo legales sino también legítimas? Si sólo el consentimiento de las personas afectadas puede legitimar la autoridad de las leyes, el Estado tendrá que ser necesariamente un Estado democrático de derecho.
Como la misma palabra griega indica, demo-kratia significa gobierno del pueblo. A diferencia de la monarquía, donde sólo una persona tiene todo el poder, o de la oligarquía, donde sólo unos cuantos gobiernan, la democracia significa que el poder está en manos de todas las personas. Desde el punto de vista ético lo fundamental es el acuerdo o consentimiento de todos. Por eso la democracia implica más bien un principio de actuación, esto es, una idea para seguir, más que un sistema político concreto. Democracia significa que el pueblo debe participar en la toma de decisiones que le afectan.
