¿Podemos desobedecer la ley?

Si entendemos la "democracia" como sinónimo de "regla de la mayoría", ¿deben las minorías obedecer las leyes dictadas por la mayoría?

Y si las decisiones democráticas se validan por lo que opina la mayoría, ¿por qué entonces debemos respetar a la minoría que piensa diferente?

Desobedecer la leyes promulgadas por un dictador no supone ningún cuestionamiento moral. Igualmente ocurre cuando las leyes hayan sido promulgadas por un sistema democrático, pero no han cumplido las condiciones mínimas para su aprobación. Por tanto, la cuestión filosófica central sería si es moralmente razonable negarse a obedecer leyes vigentes en un sistema democrático; o mejor dicho: ¿ cuándo sería moralmente aceptable desobedecer las leyes vigentes en un estado democrático de derecho ?

1. Objeción de conciencia y desobediencia civil

Las Constituciones modernas recogen la posibilidad de realizar una objeción de conciencia, es decir, negarse a cumplir ciertas leyes por motivos morales o religiosos. Por estar en la propia ley, la objeción de conciencia es un derecho y es, obviamente, legal.

Diferente es cuando hablamos de desobediencia civil, que se refiere a la posibilidad de que un ciudadano o grupo de ciudadanos se opongan de forma justificada a las leyes vigentes en su país y no las acaten. Como decíamos más arriba, la desobediencia no presenta ningún problema cuando las leyes han sido promulgadas por un dictador, o cuando el procedimiento democrático no ha cumplido las exigencias legales. Entonces estaríamos ante un autoritarismo, un abuso de la autoridad, y el derecho de resistencia estaría justificado. Por tanto, la posibilidad de desobedecer al derecho aduciendo argumentos sólo aparece como problema moral en un régimen democrático, que representa, así se supone, la voluntad de todos los ciudadanos.

2. La desobediencia civil en la democracia

Las diferentes formas en que puede darse la desobediencia civil (la insumisión, la objeción fiscal, los cortes de carretera o encierros...) no deben considerarse un peligro para la democracia. Más bien, al contrario, se pueden considerar como unos de los rasgos básicos del sistema democrático. Precisamente porque las razones que se presentan para justificar su acción se remiten a los valores que legitiman el Estado de derecho, esto es, a su núcleo moral. En definitiva, se remiten a la idea de que las leyes sólo se legitiman o justifican por el consentimiento libre y voluntario de todos los implicados. Estamos pues ante la necesidad de distinguir entre la obligación moral y la obligación política, es decir, entre los derechos de las personas y los deberes de los ciudadanos.

La importancia de la desobediencia civil radica en que suele ser la última oportunidad para corregir los errores en el proceso de elaboración y aplicación de las leyes. También es importante porque puede servir para presionar hacia una determinada reforma política. De ahí que, de acuerdo con Habermas, podamos considerar la desobediencia civil como una forma de defender la legitimidad, y en cuanto tal debe incluirse en el patrimonio irrenunciable de una cultura política madura.

Es evidente que nunca puede existir la posibilidad legal de desobedecer al derecho, pues sería contradictorio. Por lo tanto, desobedecer al derecho siempre será un delito. Pero si el propio sistema permite cometer el "delito" de desobedecer al derecho, cuando éste ponga en peligro el respeto de las minorías, estaríamos entonces calibrando el grado de democracia alcanzado en cada país.

3. Condiciones para una desobediencia civil justificada

Autores como Rawls y Habermas se han ocupado de establecer las condiciones necesarias para que un acto de desobediencia civil pudiera estar justificado. Estas condiciones pueden resumirse en las siguientes:

1) Tiene que estar moralmente justificada, y para ello no vale el mero recurso de creencias privadas o intereses propios.

2) Tiene que ser un acto público, anunciado de antemano y cuya ejecución sea conocida y calculada por las autoridades.

3) Incluye un propósito de violación de las normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión el ordenamiento jurídico en su totalidad.

4) Requiere la disposición a admitir las consecuencias que acarree dicha violación.

5) Tiene un carácter simbólico, es decir, no violento. Debe respetar la integridad física y moral de las personas implicadas o de terceras personas.

6) Su carácter público implica igualmente una dimensión pedagógica. Debe tener el compromiso de explicar a los ciudadanos el porqué de su actuación.

Autoridad y Estado

 El Estado es la forma moderna de organizar políticamente la sociedad. En él encontramos un conjunto de instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad pública. Estas instituciones suelen clasificarse en tres grandes ramas del poder político: ejecutivo (gobierno), legislativo (parlamento) y judicial (administración de justicia).

La autoridad del Estado pretende ser única, legítima e independiente. Es decir, el Estado pretende ser la única estructura de poder político en un determinado territorio y para una sociedad concreta; pretende ejercer el poder de forma legítima, es decir, con justificación; y, por último, aspira a ser independiente de las personas concretas que ocupen los cargos desde los que se ejerce el poder.

1. Legitimación y legitimidad del Estado

Suele entenderse por legitimación el grado de aceptación real que tiene un sistema político, un gobernante, una ley o norma de comportamiento que están vigentes en un momento dado. Es decir, el concepto de legitimación se refiere al apoyo real que otorgan las personas al sistema político, al gobierno, etc. Se trata de una cuestión que se puede medir sociológicamente mediante encuestas, sondeos de opinión, etc. Podemos entender la legitimación como el reconocimiento que de facto tiene la autoridad de los gobernantes por parte de los gobernados.

En cambio, la legitimidad se refiere a la justificación o fundamentación del sistema político respecto a determinados valores, procedimientos y creencias. Por eso la legitimidad no es una cuestión de facto, sino más bien de iure: no depende del apoyo sociológico, sino de la relación que puede mostrarse entre el sistema político y los valores y principios que debe respetar y fomentar, como, por ejemplo, la seguridad y la libertad de toda la población, la igualdad de oportunidades, la equitativa distribución de la riqueza, la protección del medio ambiente, etc.

En definitiva, el Estado moderno pretende obtener su legitimidad de la idea de pacto social: el Estado se entiende como aquella institución que representa un acuerdo general de toda la sociedad para reconocer a todos y cada uno de sus miembros como ciudadanos iguales en cuanto a derechos y libertades básicas, de modo que la ley es lo único que está por encima de todos y los gobernantes son los encargados de hacerla cumplir.

2. Legitimidad democrática

Hoy en día ya no creemos que las leyes queden legitimadas por la simple coacción o amenaza de castigo, ni por la tradición, ni por las creencias religiosas de la mayoría. Sólo estamos dispuestos a aceptar aquellas leyes que consideramos ajustadas a la idea de que todos tenemos básicamente los mismos derechos como personas. Aceptar la misma dignidad y libertad de todas las personas implica que la legitimidad de las leyes sólo puede sustentarse en el reconocimiento y la aceptación por todos los implicados.

En el Estado de derecho, a diferencia del Estado absolutista, todos los agentes, órganos e instituciones están subordinados a la ley. La autoridad y el poder no son arbitrarios, no dependen de lo que opina una persona o grupo, sino que está siempre regulados por el derecho. Esto es lo que los filósofos denominan el imperio de la ley. Ahora bien, ¿de qué forma debe organizarse el Estado para que las leyes que emanan de él sean no sólo legales sino también legítimas? Si sólo el consentimiento de las personas afectadas puede legitimar la autoridad de las leyes, el Estado tendrá que ser necesariamente un Estado democrático de derecho.

Como la misma palabra griega indica, demo-kratia significa gobierno del pueblo. A diferencia de la monarquía, donde sólo una persona tiene todo el poder, o de la oligarquía, donde sólo unos cuantos gobiernan, la democracia significa que el poder está en manos de todas las personas. Desde el punto de vista ético lo fundamental es el acuerdo o consentimiento de todos. Por eso la democracia implica más bien un principio de actuación, esto es, una idea para seguir, más que un sistema político concreto. Democracia significa que el pueblo debe participar en la toma de decisiones que le afectan.